Denuncian que el Gobierno avanza con el cierre de Vialidad Nacional pese al rechazo del Congreso
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció un “vaciamiento deliberado” de la Dirección Nacional de Vialidad a través de un nuevo organigrama que limitaría sus funciones, mientras el Ejecutivo avanza con licitaciones para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) volvió a quedar en el centro de la disputa política e institucional tras una dura denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que advirtió que el Gobierno nacional avanza en los hechos hacia el cierre del organismo, pese a que el Congreso de la Nación rechazó el decreto que disponía su disolución. Según el gremio, el Ejecutivo impulsa un proceso “deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento”, enmarcado en una profunda reestructuración administrativa alineada con los lineamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De acuerdo a lo informado por la organización sindical, un informe interno del propio organismo da cuenta de una denominada “reorientación institucional”, que implicaría abandonar progresivamente la ejecución directa de obras viales y las tareas operativas sobre la red nacional. En su lugar, Vialidad quedaría reducida a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas, con una estructura significativamente más pequeña.
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“El Estado dejaría de construir, mantener y conservar las rutas nacionales”, advirtió el gremio, al sostener que este cambio supone “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales”, con impacto directo sobre millones de usuarios que transitan diariamente la red vial del país. Desde el STVyARA remarcaron que la transformación proyectada no fue debatida públicamente ni sometida a instancias de discusión legislativa, a pesar de la relevancia estratégica del organismo.
Ante este escenario, el sindicato se declaró en “estado de alerta máxima” e intimó formalmente a Federico Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. En el escrito, exigieron que se “abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
El gremio dejó constancia de que este tipo de decisiones “resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal”. En ese sentido, advirtió sobre “graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial”, que afectarían con mayor intensidad a las regiones más postergadas del país.
Además, el STVyARA señaló que hará personalmente responsables a los funcionarios involucrados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que se encuentran en evaluación.
La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, sostuvo que el caso de Vialidad Nacional “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional”. Según expresó, “aunque la Justicia y los legisladores del Congreso dijeron que no se podía destruir la DNV, el Gobierno lo hace a través del nuevo organigrama”.
“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y el Congreso le dijeron que no podía destruir Vialidad Nacional, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció Aleñá, al cuestionar la estrategia oficial de avanzar por vías indirectas tras el revés legislativo.
Cabe recordar que en agosto del año pasado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el decreto 461/2025, que establecía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ese pronunciamiento del Congreso había sido interpretado como un límite político e institucional a la avanzada del Ejecutivo sobre los organismos vinculados al control y la gestión del transporte.
En paralelo a la reestructuración denunciada por el gremio, el Gobierno nacional avanzó esta semana con un nuevo llamado a licitación para concesionar tramos de rutas nacionales. A través del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se autorizó la licitación pública, nacional e internacional, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. El proceso, formalizado mediante la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial, abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La iniciativa había sido anticipada por el propio Caputo en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial y reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.
Según precisó el ministro, la licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.
Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. Desde el gremio vial observan esta decisión como parte del mismo proceso que, advierten, busca desplazar al Estado de su rol histórico en la planificación y ejecución de la infraestructura vial, trasladando esas funciones al sector privado bajo el esquema de concesiones.
Fuente: Ámbito
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2026-02-13 17:06:29
Fecha 5 del Apertura: Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, con TV, horarios y formaciones
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2026-02-13 17:03:40
Denuncian que el Gobierno avanza con el cierre de Vialidad Nacional pese al rechazo del Congreso
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció un “vaciamiento deliberado” de la Dirección Nacional de Vialidad a través de un nuevo organigrama que limitaría sus funciones, mientras el Ejecutivo avanza con licitaciones para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) volvió a quedar en el centro de la disputa política e institucional tras una dura denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que advirtió que el Gobierno nacional avanza en los hechos hacia el cierre del organismo, pese a que el Congreso de la Nación rechazó el decreto que disponía su disolución. Según el gremio, el Ejecutivo impulsa un proceso “deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento”, enmarcado en una profunda reestructuración administrativa alineada con los lineamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De acuerdo a lo informado por la organización sindical, un informe interno del propio organismo da cuenta de una denominada “reorientación institucional”, que implicaría abandonar progresivamente la ejecución directa de obras viales y las tareas operativas sobre la red nacional. En su lugar, Vialidad quedaría reducida a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas, con una estructura significativamente más pequeña.
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“El Estado dejaría de construir, mantener y conservar las rutas nacionales”, advirtió el gremio, al sostener que este cambio supone “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales”, con impacto directo sobre millones de usuarios que transitan diariamente la red vial del país. Desde el STVyARA remarcaron que la transformación proyectada no fue debatida públicamente ni sometida a instancias de discusión legislativa, a pesar de la relevancia estratégica del organismo.
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El gremio dejó constancia de que este tipo de decisiones “resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal”. En ese sentido, advirtió sobre “graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial”, que afectarían con mayor intensidad a las regiones más postergadas del país.
Además, el STVyARA señaló que hará personalmente responsables a los funcionarios involucrados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que se encuentran en evaluación.
La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, sostuvo que el caso de Vialidad Nacional “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional”. Según expresó, “aunque la Justicia y los legisladores del Congreso dijeron que no se podía destruir la DNV, el Gobierno lo hace a través del nuevo organigrama”.
“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y el Congreso le dijeron que no podía destruir Vialidad Nacional, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció Aleñá, al cuestionar la estrategia oficial de avanzar por vías indirectas tras el revés legislativo.
Cabe recordar que en agosto del año pasado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el decreto 461/2025, que establecía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ese pronunciamiento del Congreso había sido interpretado como un límite político e institucional a la avanzada del Ejecutivo sobre los organismos vinculados al control y la gestión del transporte.
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Según precisó el ministro, la licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.
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