“Estamos en uno de los peores momentos de la realidad universitaria de este siglo”, advirtió el decano de Económicas de la UNaM
La situación financiera de las universidades públicas argentinas atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Así lo advirtió Horacio Simes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), quien describió un escenario marcado por el deterioro salarial de docentes y no docentes, el retraso de los gastos de funcionamiento y la virtual paralización de programas de infraestructura, ciencia y tecnología.
“En términos generales, estamos todas las unidades académicas en una situación similar”, explicó Simes, al señalar que la estructura salarial depende de un mismo sistema para toda la universidad y que los gastos operativos básicos —como comedor, luz, agua, seguridad, limpieza o movilidad— son prácticamente los mismos en cada facultad.
En ese contexto, aseguró que el cuadro actual es “muy delicado”, especialmente por la caída del poder adquisitivo del personal universitario. “De diciembre de 2023 a hoy, todos los miembros de la comunidad universitaria, docentes y no docentes, han visto una pérdida del poder adquisitivo de su salario del orden del 50%. Es mucho, demasiado”, sostuvo.
Para el decano, el sistema universitario atraviesa un momento particularmente complejo. “Estamos quizás en uno de los peores momentos de la realidad universitaria de este siglo”, afirmó.
Ajustes para sostener servicios
El deterioro presupuestario obligó a las facultades a reorganizar gastos y recortar prestaciones para poder sostener algunas políticas destinadas a los estudiantes.
“Si hubiéramos mantenido el nivel de operatividad de noviembre y diciembre del 23, no lo hubiéramos podido hacer”, indicó.
Por ese motivo, se aplicaron distintos ajustes. “Hemos ajustado servicios, hemos ajustado distintas prestaciones y hoy sí estamos solventando gastos de comedor, pero sin el servicio de cena, con la mitad de las becas totales de almuerzo, con reducción de gastos en limpieza y en viáticos para docentes”, detalló.
También señaló que se redujeron los fondos destinados a la participación de docentes en congresos y eventos científicos, lo que impacta directamente en el desarrollo académico.
“Los estipendios vinculados a ese tipo de participaciones se han mantenido en niveles muy bajos y con poca actualización, con lo cual si los docentes participan lo hacen en gran medida solventando ellos sus gastos”, explicó.
A pesar de las restricciones, la facultad continúa realizando algunas inversiones puntuales para sostener la infraestructura y mejorar servicios. Entre ellas mencionó la incorporación de nuevas aulas con equipamiento tecnológico. “Hemos implementado aulas híbridas con tecnología de punta, ya vamos por la décima”, destacó.
Sin embargo, aclaró que esas mejoras se realizan mediante una administración muy cuidadosa de los recursos. “Todo esto administrando muy al detalle y con ajustes que hemos debido realizar”, indicó.
Salarios bajos y dificultades para atraer docentes
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades universitarias es la situación salarial del personal docente, especialmente en los cargos iniciales.
Simes explicó que un ayudante de primera con dedicación simple —una de las primeras posiciones de la carrera docente— percibe actualmente alrededor de 250 mil pesos mensuales. “Implica 10 horas semanales de actividad, cuatro horas de clase y seis horas adicionales para elaboración de trabajos prácticos, corrección de exámenes, tutorías y otras actividades”, precisó.
Según advirtió, ese nivel salarial dificulta la incorporación de nuevos profesionales al sistema universitario. “Es un valor muy bajo que no convoca a los jóvenes o a los profesionales preparados a hacer parte de una institución que exige y que tiene un sistema de carrera docente muy detallado”, afirmó.
El problema también se observa en los niveles superiores de la carrera académica. Un profesor titular con dedicación exclusiva y máxima antigüedad puede alcanzar actualmente alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales.
“Aun así, tampoco es un monto que hoy consideramos demasiado convocante para retenerlo dentro de nuestro sistema”, señaló Simes, al explicar que muchos profesionales reciben ofertas mejor remuneradas en el sector privado, en organismos internacionales o en otros ámbitos del sector público.
Reclamos y medidas de fuerza
En este contexto, comenzaron a multiplicarse las medidas de protesta en distintas universidades del país.
Según explicó el decano, esas acciones buscan visibilizar la situación frente a lo que considera un desconocimiento de la gravedad del problema por parte del gobierno nacional.
“Las medidas de fuerza que se empiezan a observar responden a un interés de visibilizar la situación, habida cuenta del aparente desconocimiento de la gravedad de la misma por parte del gobierno nacional”, sostuvo.
Además, recordó que existe una ley vinculada al financiamiento universitario que fue votada por el Congreso, vetada posteriormente y luego nuevamente aprobada, y que actualmente se encuentra judicializada.
Debate sobre el modelo económico
Simes también vinculó la situación del sistema universitario con el contexto económico general del país y con las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno nacional.
En particular, cuestionó la visión que atribuye al funcionamiento del mercado la capacidad de resolver por sí mismo los problemas derivados de los cambios económicos.
“Antes que un conjunto de mercados, tenemos un conjunto de personas vinculadas socialmente y no solo mercantilmente”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que el Estado debería acompañar los procesos de transformación económica con políticas de transición para los sectores afectados.
“La decisión de abrir importaciones, bajar aranceles o eliminar regulaciones es una decisión pública. La contracara debería ser un plan de reconversión productiva, un plan de reentrenamiento de la mano de obra y un sistema de transferencias para atender a quienes van a quedar desplazados”, explicó.
Para el economista, la ausencia de esas políticas genera un problema social que no puede resolverse únicamente a través del mercado.
“La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es qué vamos a hacer con aquellas personas que van siendo desplazadas de sus puestos de trabajo”, concluyó.
FUENTE: MISIONES ONLINE
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La competencia se retomará este martes con el inicio de la décima fecha, mientras que la novena jornada quedó postergada y deberá reprogramarse más adelante.
2026-03-10 19:38:15
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2026-03-10 19:35:39
“Estamos en uno de los peores momentos de la realidad universitaria de este siglo”, advirtió el decano de Económicas de la UNaM
La situación financiera de las universidades públicas argentinas atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Así lo advirtió Horacio Simes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), quien describió un escenario marcado por el deterioro salarial de docentes y no docentes, el retraso de los gastos de funcionamiento y la virtual paralización de programas de infraestructura, ciencia y tecnología.
“En términos generales, estamos todas las unidades académicas en una situación similar”, explicó Simes, al señalar que la estructura salarial depende de un mismo sistema para toda la universidad y que los gastos operativos básicos —como comedor, luz, agua, seguridad, limpieza o movilidad— son prácticamente los mismos en cada facultad.
En ese contexto, aseguró que el cuadro actual es “muy delicado”, especialmente por la caída del poder adquisitivo del personal universitario. “De diciembre de 2023 a hoy, todos los miembros de la comunidad universitaria, docentes y no docentes, han visto una pérdida del poder adquisitivo de su salario del orden del 50%. Es mucho, demasiado”, sostuvo.
Para el decano, el sistema universitario atraviesa un momento particularmente complejo. “Estamos quizás en uno de los peores momentos de la realidad universitaria de este siglo”, afirmó.
Ajustes para sostener servicios
El deterioro presupuestario obligó a las facultades a reorganizar gastos y recortar prestaciones para poder sostener algunas políticas destinadas a los estudiantes.
“Si hubiéramos mantenido el nivel de operatividad de noviembre y diciembre del 23, no lo hubiéramos podido hacer”, indicó.
Por ese motivo, se aplicaron distintos ajustes. “Hemos ajustado servicios, hemos ajustado distintas prestaciones y hoy sí estamos solventando gastos de comedor, pero sin el servicio de cena, con la mitad de las becas totales de almuerzo, con reducción de gastos en limpieza y en viáticos para docentes”, detalló.
También señaló que se redujeron los fondos destinados a la participación de docentes en congresos y eventos científicos, lo que impacta directamente en el desarrollo académico.
“Los estipendios vinculados a ese tipo de participaciones se han mantenido en niveles muy bajos y con poca actualización, con lo cual si los docentes participan lo hacen en gran medida solventando ellos sus gastos”, explicó.
A pesar de las restricciones, la facultad continúa realizando algunas inversiones puntuales para sostener la infraestructura y mejorar servicios. Entre ellas mencionó la incorporación de nuevas aulas con equipamiento tecnológico. “Hemos implementado aulas híbridas con tecnología de punta, ya vamos por la décima”, destacó.
Sin embargo, aclaró que esas mejoras se realizan mediante una administración muy cuidadosa de los recursos. “Todo esto administrando muy al detalle y con ajustes que hemos debido realizar”, indicó.
Salarios bajos y dificultades para atraer docentes
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades universitarias es la situación salarial del personal docente, especialmente en los cargos iniciales.
Simes explicó que un ayudante de primera con dedicación simple —una de las primeras posiciones de la carrera docente— percibe actualmente alrededor de 250 mil pesos mensuales. “Implica 10 horas semanales de actividad, cuatro horas de clase y seis horas adicionales para elaboración de trabajos prácticos, corrección de exámenes, tutorías y otras actividades”, precisó.
Según advirtió, ese nivel salarial dificulta la incorporación de nuevos profesionales al sistema universitario. “Es un valor muy bajo que no convoca a los jóvenes o a los profesionales preparados a hacer parte de una institución que exige y que tiene un sistema de carrera docente muy detallado”, afirmó.
El problema también se observa en los niveles superiores de la carrera académica. Un profesor titular con dedicación exclusiva y máxima antigüedad puede alcanzar actualmente alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales.
“Aun así, tampoco es un monto que hoy consideramos demasiado convocante para retenerlo dentro de nuestro sistema”, señaló Simes, al explicar que muchos profesionales reciben ofertas mejor remuneradas en el sector privado, en organismos internacionales o en otros ámbitos del sector público.
Reclamos y medidas de fuerza
En este contexto, comenzaron a multiplicarse las medidas de protesta en distintas universidades del país.
Según explicó el decano, esas acciones buscan visibilizar la situación frente a lo que considera un desconocimiento de la gravedad del problema por parte del gobierno nacional.
“Las medidas de fuerza que se empiezan a observar responden a un interés de visibilizar la situación, habida cuenta del aparente desconocimiento de la gravedad de la misma por parte del gobierno nacional”, sostuvo.
Además, recordó que existe una ley vinculada al financiamiento universitario que fue votada por el Congreso, vetada posteriormente y luego nuevamente aprobada, y que actualmente se encuentra judicializada.
Debate sobre el modelo económico
Simes también vinculó la situación del sistema universitario con el contexto económico general del país y con las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno nacional.
En particular, cuestionó la visión que atribuye al funcionamiento del mercado la capacidad de resolver por sí mismo los problemas derivados de los cambios económicos.
“Antes que un conjunto de mercados, tenemos un conjunto de personas vinculadas socialmente y no solo mercantilmente”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que el Estado debería acompañar los procesos de transformación económica con políticas de transición para los sectores afectados.
“La decisión de abrir importaciones, bajar aranceles o eliminar regulaciones es una decisión pública. La contracara debería ser un plan de reconversión productiva, un plan de reentrenamiento de la mano de obra y un sistema de transferencias para atender a quienes van a quedar desplazados”, explicó.
Para el economista, la ausencia de esas políticas genera un problema social que no puede resolverse únicamente a través del mercado.
“La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es qué vamos a hacer con aquellas personas que van siendo desplazadas de sus puestos de trabajo”, concluyó.
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