En la previa del inicio de clases en las facultades, docentes universitarios lanzaron un paro en todo el país

La tensión en el ámbito académico escaló tras el anuncio del Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) sobre la realización de un paro nacional que se extenderá del 16 al 22 de marzo.

Esta medida, que incluye movilizaciones y clases públicas, surge como respuesta a lo que consideran una situación salarial insostenible, con sueldos de profesores que rondan los $250.000 mensuales.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA han sido tajantes al afirmar que no regresarán a las aulas hasta que se abone el 51% adeudado y se respete la legislación vigente, amenazando incluso con convertir la protesta en una medida por tiempo indeterminado si no hay soluciones concretas.

El trasfondo legal del conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando el Congreso insistió en la Ley de Financiamiento Universitario tras los vetos del presidente Javier Milei. Aunque la justicia, a través del juez federal Martín Cormick, falló a favor de los rectores tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó la actualización inmediata de partidas para salarios y becas, el Gobierno apeló la medida. En su lugar, la administración libertaria envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa.

Según denuncian tanto rectores como sindicatos, la nueva iniciativa oficial desvirtúa el espíritu de la norma original. Mientras que la ley actual obliga a reconocer la pérdida inflacionaria desde diciembre de 2023, la propuesta del Ejecutivo solo contempla la pérdida de 2025, ofreciendo recuperar apenas un 12% en tres cuotas frente al 55% de poder adquisitivo perdido desde 2023.

Oscar Alpa, titular del CIN, recordó que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios que hoy se encuentran deprimidos, provocando renuncias masivas de docentes en todo el país.

La disputa también alcanza los gastos de funcionamiento. La propuesta gubernamental omite la recomposición por la inflación de 2024 y 2025, estableciendo que en 2026 solo habrá actualizaciones si el índice de precios supera el 14,3%.

Ante este panorama, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y otros directivos han manifestado que estas “actualizaciones mínimas” son insuficientes para sostener hospitales universitarios, ciencia y técnica.

Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, calificó la postura estatal como una falta de responsabilidad imperdonable, augurando un horizonte de parálisis total si el Gobierno insiste en reformar la ley para recortar beneficios ya adquiridos.