Comenzó el debate en el Senado para definir la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad

El Senado de la Nación afrontará este miércoles, desde las 11, la última sesión del período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei, con un temario de alto voltaje político: la sanción definitiva de la reforma laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas son consideradas prioritarias por el Ejecutivo y podrían quedar convertidas en ley antes del cierre formal de las extraordinarias.

Uno de los proyectos más sensibles es el Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa establece, además, una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros.

El texto también contempla una batería de sanciones alternativas para infracciones con condenas menores a 10 años. Entre ellas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la restricción para concurrir a determinados lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados, con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamiento por consumos problemáticos. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y quedará expresamente prohibida la convivencia con detenidos mayores de edad.

La norma también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para delitos leves, siempre con la participación obligatoria de las partes y el consentimiento expreso de la víctima. En ese sentido, se incorpora un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participar en instancias clave del procedimiento, incluso en mecanismos restaurativos.

Durante el tratamiento en comisión, el titular de Justicia y senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita recordó que la normativa vigente data de 1980, en plena dictadura militar, y subrayó que hubo “diversos intentos legislativos” para avanzar hacia una ley acorde a los estándares constitucionales actuales.

En paralelo, la Cámara alta deberá resolver la situación de la reforma laboral, que regresó en segunda revisión desde Diputados y será el último punto a tratar en el recinto. El Senado deberá optar entre aceptar la modificación introducida por la Cámara baja —referida a las licencias médicas— o insistir con el texto que había aprobado el 12 de febrero pasado.

En aquella votación general, la iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos, con asistencia perfecta de los 72 senadores. Esa mayoría, con matices, se replicó luego en la aprobación en particular de los 26 títulos que integran el proyecto.

Entre los cambios que introdujo el Senado en febrero se destacan la eliminación del artículo vinculado al alivio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas —lo que implicaba mayores recursos para Nación y provincias—, ajustes en los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresarias con topes reducidos, la ratificación del 6% destinado a obras sociales y modificaciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con el esquema indemnizatorio. También se otorgaron plazos más amplios para la adecuación de estatutos que inicialmente el Ejecutivo buscaba modificar de inmediato.

Además, el oficialismo logró incorporar como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una movida que generó cuestionamientos por parte de la oposición, que consideró que debía ampliarse formalmente el temario de extraordinarias y cumplir con el circuito parlamentario completo.

El punto que Diputados decidió modificar fue la eliminación del artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral. El texto original establecía que un trabajador percibiría el 50% de su salario básico si la dolencia derivaba de una actividad voluntaria —por ejemplo, practicar un deporte—, y el 75% si no estaba vinculada a una acción de ese tipo. También fijaba plazos de tres meses de cobertura para quienes no tuvieran personas a cargo y de seis meses para quienes sí las tuvieran. Esa disposición fue suprimida en la Cámara baja y ahora el Senado deberá definir si convalida el cambio o insiste con su redacción inicial.

Con este doble debate, la Cámara alta pondrá punto final a un período extraordinario marcado por reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada. La jornada promete ser extensa y determinante para el rumbo legislativo del oficialismo.

Con información de Infobae.